Pensando siempre en entregar su apoyo a los más vulnerables, el gobernador de la provincia de Osorno Gustavo Salvo realizó un llamado a las empresas del mundo privado a solucionar los conflictos con las comunidades indígenas priorizando el diálogo, antes de las instancias judiciales.
Lo anterior en el marco del Convenio 169 de la OIT, que señala que en diversos temas en los que se vea involucrado el mundo indígena debe haber un diálogo previo conciliatorio.
Las declaraciones fueron emitidas en el marco de la condena que recibió Maritza Alvarado Tranallado, una mujer de 31 años, que fue demandada por la Forestal Valdivia tras haber talado 40 pinos que se encontraban en un terreno en el cual ella ha vivido toda su vida.
Se trata de 16 hectáreas que actualmente están a nombre del Fisco, las cuales hasta el año 1952 pertenecían a su abuelo Nicolás Tranayado, de éstas Maritza ocupa un aproximado de 6 hectáreas, donde estaban ubicados los ejemplares que fueron talados para agrandar su vivienda, en el sector Los Juncos, en la comuna de San Pablo.
Si bien el gobernador Gustavo Salvo sostuvo que ellos no formarán parte de ninguna apelación de alzada, sí pondrá todos los antecedentes de este caso en manos del departamento jurídico para ver la posibilidad de reingresar la carpeta con los antecedentes a Bienes Nacionales y así evitar que se generen nuevos conflictos.
El gobernador concluyó con que “hoy y siempre invitamos a las partes en conflicto a sostener reuniones, y en conjunto, con el asesoramiento adecuado, encontrar soluciones para que hechos de este tipo no pasen a mayores, velando siempre por la integridad de las personas, sobre todo del mundo mapuche”.
Maritza Alvarado tiene 2 niños y presenta un embarazo de 3 meses, por lo que al momento de leída la condena se solicitó un médico y un mayor resguardo de gendarmería, quienes afortunadamente no tuvieron que intervenir, ya que la audiencia se realizó en un ambiente exento de  disturbios.
Alvarado Tranallao fue condenada a una pena sustitutiva de firma mensual por un año, la suspensión de ejercicios en cargos públicos y al pago de 3 UTM.